En el sistema argentino de salud cada cual atiende su juego
Federico Tobar
Consultor internacional en políticas de salud
Nuestro sistema de salud fue edificado en forma piramidal. En su base están los servicios públicos a los que pueden acceder todos, pero sus principales destinatarios son quienes no cuentan con seguros de salud. Por encima se encuentran las obras sociales, que brindan cobertura a los trabajadores formales y a sus familias. En la cúspide está la medicina prepaga, que contratan aquellos que pueden costearla.
El sistema es inequitativo y produce menos salud que la que podría conseguirse con los recursos disponibles. Las diferencias entre ricos y pobres se expresan en el financiamiento, en el acceso, pero sobre todo en sus cuerpos.
Aumentar los presupuestos públicos no resuelve estos problemas. Nación, provincias y municipios destinan más de $9.000 millones a salud, pero un tercio de ese monto no se traduce en servicios para la población sin seguros. En los hospitales se atiende a personas que tienen obra social y/o prepaga. Además, una porción del gasto se destina a acciones de salud pública, así como a sustentar la administración y la regulación de los servicios. Lo que llega a los servicios para costear las prestaciones a los no asegurados equivale a una cápita mensual de sólo 22 pesos. A su vez, las obras sociales son muy heterogéneas. Algunas de ellas contratan a redes de prestadores a quienes transfieren sólo una parte de lo que recaudan. Por ejemplo, de unos $50 por beneficiario, la institución transfiere $30 a una red de servicios que deberá brindar el Programa Médico Obligatorio a los afiliados. Además, hay 5 millones de afiliados en obras sociales provinciales que no son reguladas.
Pero la situación más salvaje se da en la medicina prepaga. No hay en la Argentina un órgano que la regule, no se ha consolidado aún el padrón de beneficiarios ni se verifica que las cartillas de prestadores que se anuncian en las propagandas sean reales. Los esfuerzos se concentraron en limitar los aumentos de las cuotas.
En síntesis: en el sistema argentino cada cual atiende su juego, pero el resultado no hace que vivamos más tiempo y más sanos.
Los países que consiguen más salud con menos dinero suelen ser aquellos que tienen un gasto público proporcionalmente mayor. No porque el Estado sea más eficiente, sino porque asignan los recursos en función de las necesidades de salud de la población. En algunos países los recursos de las contribuciones salariales que llegan al seguro social no son proporcionales al salario sino al riesgo de enfermar y morir. Esto ocurre desde hace mucho en Holanda e Israel y Colombia y ahora en Uruguay.
En Brasil y Chile hay superintendencias de seguros privados que consolidan padrones de beneficiarios, verifican las cartillas de prestadores y el correcto funcionamiento de los seguros. Hay consenso en la Argentina respecto de que hace falta intensificar las regulaciones. Pero creo que podemos ir más allá, definiendo desde el Estado modelos de atención adecuados. No alcanza con definir canastas de prestaciones, hace falta establecer verdaderos programas de cuidados que obliguen a los aseguradores a medir los riesgos de salud de sus afiliados, a controlar sus enfermedades de forma adecuada. El Gobierno debería, al menos, medir e informar al público la performance en términos de salud lograda por las prepagas. Para las obras sociales el financiamiento debería ser proporcional al riesgo actuaría] de sus afiliados y también premiar el logro de resultados de salud. Pero donde hay mejores condiciones para producir salud es en los servicios públicos. Siguiendo ejemplos como el de Autogestión en Red, de Chile, se podría establecer un fondo de incentivos que mida y premie el desempeño sanitario de cada hospital. Estas propuestas pueden parecer utópicas, pero son viables. Si el Gobierno decidiera implementarlas los argentinos podríamos ganar al menos cuatro años de esperanza de vida. Un año por cada año de gestión presidencial.
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